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Más de
5.000 especies de plantas, 800 de aves y decenas de animales, entre los que se
cuentan el tapir de montaña y el oso de anteojos, conviven en esa área de más de
4.000 kilómetros cuadrados, que hasta el pasado 8 de febrero se denominó reserva
nacional Bosques del Sur.
En esa
fecha, la ministra del Ambiente, Marcela Aguiñaga, resolvió dejar sin efecto el
Acuerdo Ministerial 189, publicado en 1975, mediante el cual se declaró Reserva
Nacional a los bosques estatales y privados del sur ecuatoriano y que involucra
a las provincias de Loja, Zamora Chinchipe y El Oro. La decisión de la
Secretaria de Estado fue incluida en el Registro Oficial del pasado 16 de abril.
La
resolución agita los ánimos de los representantes de entidades ambientalistas
vinculadas a esta zona, quienes consideran que la decisión deja desprotegidos a
los bosques y facilita la sobreexplotación de especies madereras.
La medida
da paso a “otra forma de aprovechamiento no sustentable, con consecuencias como
la falta de agua y áreas erosionadas”, asegura Wilson Guzmán, director ejecutivo
de la Fundación Arcoiris, que opera en Loja desde 1989.
Al ser
cuestionada sobre este tema, Aguiñaga dijo la semana pasada en una entrevista a
este Diario que el acuerdo que firmó no quitaba la categoría de reserva a dicha
zona. Sin embargo, según el asesor jurídico de ese Ministerio, René Orbe, los
bosques secos de Loja y los nativos de Zamora Chinchipe sí podrán ser
explotados, aunque bajo ciertas normas.
Ante
esto, ambientalistas como Deborah Chiriboga sostienen que es necesario que la
Ministra aclare si efectivamente le ha retirado la categoría a este sector del
país y si le ha entregado una nueva. “No es posible garantizar que no existirá
depredación cuando no hay controles”, sostiene.
El
acuerdo firmado por Aguiñaga refiere que el Ministerio del Ambiente “ha
determinado los aprovechamientos más adecuados que deben darse a los bosques del
sur ecuatoriano”.
El
presidente de la Coordinadora Ecuatoriana de Organizaciones para la Defensa de
la Naturaleza y el Medio Ambiente (Cedenma), Manolo Morales, critica la
decisión, pues Ecuador sigue siendo uno de los países con las más altas tasas de
deforestación en el continente.
Morales
no está de acuerdo con dar “luz verde” a la explotación de madera en esa zona.
“Se cree que ya están recuperados (los bosques) y no es así”, precisa al
referirse a la sobreexplotación que se dio décadas atrás y que motivó la firma
del acuerdo de 1975.
En una
carta dirigida a la Secretaria de Estado, el presidente de la Asamblea
Constituyente, Alberto Acosta, refiere la “limitada capacidad (del Ministerio
del Ambiente) de control del madereo ilegal”.
Acosta
envía la misiva atendiendo un pedido del asambleísta por Loja, Gorki Aguirre (PAIS),
quien asegura que la decisión de la Ministra viola el artículo 88 de la
Constitución vigente, que indica que “toda decisión estatal que pueda afectar al
medio ambiente deberá contar previamente con los criterios de la comunidad, para
lo cual esta será debidamente informada”.
El
ambientalista Fausto López, que ha trabajado en la conservación del sector desde
la década pasada, califica como “golpe bajo” la resolución del Ministerio, pues
pone en riesgo el equilibrio del ecosistema. “Si se afectan los árboles también
se afectan a los animales terrestres y a la aves”.
El
Director Ejecutivo de Arcoiris considera que este tipo de acuerdo debe motivar a
analizar la falta de un ordenamiento territorial integral. “Así se puede
determinar cuál es la zona productiva y dónde se pretende efectuar acciones de
conservación”, anota.
El caso
también genera interrogantes en otros entes ambientalistas como Fundación
Natura, que luego de un análisis del tema alista un pronunciamiento para esta
semana.
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