Profesionales
de la bioenergía en España y Europa han participado en la redacción de
un documento con recomendaciones al nuevo Gobierno sobre cómo crear
empleo gracias a esta fuente de energía local, limpia y sostenible. Éste
es un extracto comentado por AVEBIOM, coordinador de la iniciativa.
ECOticias.
La crisis en España no es un problema de deuda, sino de déficit
en la balanza comercial: como indica nuestro 80% de dependencia
energética, importamos mucha más energía de la que exportamos, lo que
nos obliga a endeudarnos y provoca que la economía sea menos competitiva
y que, en consecuencia, sea necesario emitir más deuda soberana.
Según Peter Drucker, padre del moderno management o gestión
empresarial, el objetivo principal de las compañías ha de ser contribuir
al bienestar de las sociedades en las que se desarrollan. Y en este
concepto progresista se encuadra a la perfección el sector de la
bioenergía.
La bioenergía es “thickvalue”, una actividad de “alto valor” para la sociedad, pues genera puestos de trabajo y es sostenible, lo que contrasta con los atributos de los combustibles fósiles, que son “thin value” o de “reducido valor”para la sociedad puesto que reducen nuestra
soberanía energética como país y nos empobrecen. La bioenergía procura
135 nuevos empleos sostenibles por cada 10.000 habitantes, frente a los 9
empleos que genera el uso de combustibles fósiles (según FAO y la
Asociación Austriaca de Bioenergía).
El Gobierno puede contribuir a crear más empleos sostenibles con la
bioenergía. ¿Cómo?. Éstas son las principales recomendaciones que
proponen los profesionales del sector de la bioenergía al nuevo
Ejecutivo.
1. Menos trabas administrativas
Las Administraciones Públicas limitan y/o retrasan a menudo el
desarrollo de proyectos por la elevada burocracia y lentitud que imponen
y por la confusión de competencias entre ellas. El Gobierno debería dar
prioridad de inversión en industrias o sectores que generan mayor valor
para la sociedad, sobre todo en lo relacionado con la innovación.
Según el documento “Burocracia en instalaciones de Bioenergía”,
en el que se comparan 130 casos reales de toda Europa, la instalación
de una planta de biomasa en España requiere una media de 24 meses de
trámites y de 5 a 7 permisos; las mismas condiciones que en Polonia y
Grecia, sólo superadas en Bulgaria y Eslovaquia. En Alemania, sin
embargo, la tramitación requiere 1 o 2 permisos y 17 meses de espera. El
estudio fue realizado por la Dirección General de Transportes y Energía
de la Comisión Europea, en 2009.
2. Externalización
La financiación de los bancos a los proyectos de generación eléctrica
con biomasa depende de su viabilidad económica y, sobre todo, de la
seguridad en el abastecimiento de la biomasa a largo plazo. Externalizar
la gestión de la masa forestal durante el periodo de amortización
(30-40 años) de la instalación puede aumentar la probabilidad de éxito
de la misma. El sistema actual demuestra la dificultad que encuentran
los gestores públicos para propiciar la creación de una red de
industrias y empresas dispersas por las masas forestales del país que
sean capaces de aprovechar las posibilidades que ofrecen las enormes
extensiones de pino, rebollo y otras especies, que en la actualidad no
tienen uso comercial. Los planes de ordenación forestal serían el nexo
de unión entre el gestor de la masa y la Administración que
garantizarían la sostenibilidad de los aprovechamientos de biomasa.
3. IVA reducido
Los biocombustibles sólidos y las calderas que los utilizan soportan
el mismo IVA que los combustibles fósiles y los equipamientos
relacionados. El sector de la bioenergía se pregunta si realmente tiene
sentido aplicar el mismo IVA a un combustible positivo para la sociedad
que a otro cuyo aporte se demuestra netamente negativo. Mientras que en
España este impuesto es del 18%, en otros países europeos se aplica un
IVA reducido a los biocombustibles sólidos. En Austria es del 10%; en
Alemania del 7%; en Francia, del 6%, y en el Reino Unido, del 5%.
4. Marco jurídico estable
La incertidumbre regulatoria ahuyenta a los inversores y puede
generar situaciones complicadas a las empresas que han invertido y se
encuentran sorpresivamente con “reglas del juego” diferentes. Un marco
jurídico estable para la bioenergía, como también para otras industrias
que generen empleos de forma sostenible y aumenten la soberanía
energética, es fundamental.
5. Menos costes de contratación
Las empresas bioenergéticas deberían soportar menores cargas de
contratación, premiando de esta forma su carácter de actividad limpia
que contribuye a aumentar nuestra soberanía energética y a reducir los
costes de producción de bienes y servicios para la sociedad.
6. Tasa de CO2
La tasa sobre las emisiones de CO2 generadas por cualquier tipo de
combustible fósil es una medida implementada con éxito en Suecia,
Finlandia y otros países, y que ha supuesto el auténtico despegue de la
biomasa y las EERR en dichos países. En Suecia se introdujo una tarifa
de 20 €/t, que provocó que empresas y particulares invirtieran más en
aislamiento y EERR. La imposición de una tasa de CO2 no supone un
aumento de la carga fiscal al ciudadano si este dinero se utiliza para
rebajar los costes de contratación de las empresas de bioenergía,
fomentando doblemente el empleo.
“No podemos seguir deslocalizando la producción de energía. Tenemos
la solución, la gente y el conocimiento para producir 594.000 puestos de
trabajo para el 2050 con la sustitución de los combustibles fósiles por
bioenergía. El sector de la bioenergía y la sociedad pedimos a los
políticos que dejen de comprar energía exterior, ya”
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