Las
organizaciones medioambientales Ecologistas en Acción, SEO/Birdlife y
WWF proponen la suspensión "de forma cautelar" de la caza en el coto de
Campo de Montiel (Ciudad Real) como medida de recuperación ecológica,
ante la muerte por envenenamiento de seis águilas imperiales en esta
zona.
ECOticias.
Para estas organizaciones esta decisión, que "está prevista por
la ley de patrimonio", no sería una medida "punitiva" sino "para
recuperar ese equilibrio biológico" ante la muerte por envenenamiento
de los águilas. Según explican, en estos momentos la caza puede
"suponer una alteración de las condiciones del entorno y pueden agravar
el daño".
El coordinador del área de conservación de la naturaleza de
SEO/Birdlife, Juan Carlos Atienza, ha asegurado que éste ha sido "el
episodio de veneno más importante y más grave" que se ha producido "en
los últimos 20 años" y por lo tanto, valoran los hechos con "una gran
preocupación". En toda España existen más de 300 parejas de águilas
imperiales de las cuales, 114 pertenecen a Castilla-La Mancha.
Por su parte, el coordinador estatal de conservación de especies
de Ecologistas en Acción y portavoz de esta organización en la región,
Miguel Ángel Hernández, ha señalado que algunos de los ejemplares que
han muerto son adultos, y ha añadido que "un individuo de águila
imperial tarda entre cuatro y cinco años en adquirir el plumaje de
adulto y tarda varios años en adquirir la madurez sexual".
PUEDE HABER MÁS MUERTAS
Además, no descartan la muerte de más ejemplares de águila
imperial y de otras especies "que hayan tenido acceso al veneno", por
ello, ha afirmado que "para que ese equilibrio ecológico perdido se
recupere van a hacer falta varios años", que variarán entre uno y tres,
dependiendo "de las medidas que el gestor del espacio, el titular de
los aprovechamientos allí y la Junta pongan en marcha para que esa
recuperación se lleve a cabo de forma más acelerada".
Estas tres organizaciones desean que "cuanto antes se esclarezcan
las circunstancias en las que se ha producido este envenenamiento y se
tomen las medidas oportunas", y aseguran que la investigación va a ser
"complicada" debido a la reducción de medios humanos y materiales que
están experimentando.
Asimismo, denuncian que en este caso, "ha habido dificultades para
encontrar veterinarios, ha habido dificultades para saber qué
operativo había y cómo había que desarrollarse" e incluso aseguran que
"ha habido problemas de coordinación entre administraciones a la hora
de dar los primeros pasos en este caso".
Por eso dan una llamada de atención "muy seria", tanto a la Junta
de Comunidades como al Ministerio de Agricultura, para que den "la
importancia que tiene" el poder disponer de medios adecuados y de los
centros de recuperación.
Además, solicitan que, tanto la Junta como los gestores de la
finca, diseñen "un plan de medidas recuperadoras" para avanzar en las
investigaciones y saber "si ha habido un impacto biológico", así como no
"escatimar en medios para combatir el veneno".
RESPONSABILIDAD PENAL
Por otro lado, el responsable de conservación de especies
amenazadas de WWF, Luis Suárez, ha anunciado que si tras las
investigaciones se encuentra a un responsable penal, al cual se le
podría condenar a tres años de cárcel como máximo, estas organizaciones
se personarán en el caso "en vía penal" y "en vía administrativa, para
contribuir a esclarecer los hechos".
Los motivos, según estas organizaciones, por las que alguien puede
querer envenenar las presas pasa por el "uso cinegético", es decir,
"se persigue a depredadores generalistas que consideran que afectan
negativamente a la caza", como pueden ser el zorro o las urracas, "pero
se utiliza un método que, por eso está prohibido y penado por la ley,
que mata a cualquier especie".
Además, también se utiliza el veneno en el ámbito ganadero, "se
pone veneno para evitar posibles ataques de especies depredadoras al
ganado", algo "típico en época de paridera", según ha explicado Suárez.
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