La selva amazónica brasileña perdió 388,13 kilómetros cuadrados entre
enero y marzo de este año , una cifra 2,5 veces a la verificada en el
mismo periodo del año pasado, según datos presentados por la ministra.
Teixeira aseguró que "no hay crisis ni un aumento de deforestación",
puesto que los datos se mantienen "estables" si se comparan en períodos
de tiempo más amplios.
También se debe tener en cuenta la variación de la nubosidad, que afecta a las mediciones realizadas por satélite, agregó.
Las nubes cubrían el 55 por ciento de la Amazonía en marzo, una cifra
inferior a la de meses anteriores y a la de la misma época del año
pasado, lo que ha permitido detectar ahora zonas que fueron deforestadas
desde el pasado noviembre, en el inicio de la época de lluvias, de
acuerdo a la funcionaria.
El 85 por ciento de la destrucción de la selva registrada en el
primer trimestre sucedió en el estado de Mato Grosso, una pujante región
agrícola en la frontera sur de la Amazonía.
La ministra dijo que hay "indicios" de que algunos terratenientes de
esa región han aumentado la destrucción de la selva en sus haciendas con
la esperanza de salir impunes cuando el Congreso apruebe la polémica
reforma de las leyes que regulan el uso de los suelos rurales, conocidas
como el Código Forestal.
No obstante, Teixeira dijo que "no se puede afirmar" si este factor
ha influido de forma determinante en el número total de deforestación.
El Código Forestal, que está siendo analizado por la Cámara de los
Diputados, propone una amplia amnistía para los hacendados que, en las
últimas décadas, destruyeron la selva donde estaba prohibido para
cultivar o criar ganado.
El proyecto también plantea que las áreas de selva protegidas en
propiedades privadas en la región amazónica, que son hoy equivalentes al
80 por ciento, se reduzcan a un 50 por ciento.
Las autoridades también detectaron que la deforestación se triplicó
en el estado de Roraima, en la frontera con Venezuela y Guyana, lo que
podría deberse a la "migración" de algunos madereros desde el estado de
Pará, donde la policía intensificó la fiscalización en los últimos años.
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