El acceso a la información ambiental tiene mucho que mejorar en España, según constata el Defensor del Pueblo en su informe anual 2012, en el que afirma que las administraciones suelen recurrir a argumentos que no se sostienen para denegar sistemáticamente documentos y datos solicitados por los ciudadanos.
El Defensor del Pueblo
detecta que años después de que entrara en vigor la Ley de información
ambiental, las administraciones siguen vinculando el derecho de acceso a
la información ambiental con la condición administrativa del
interesado.
El informe
desmonta tal vinculación e incide en que las administraciones deben
facilitar el acceso a la información independientemente de que el
solicitante sea interesado o no; de que lo que se pida forme parte o no
de un expediente, y de que ese expediente esté o no terminado.
El
documento subraya que la ley permite denegar el acceso ciudadano a
documentos inconclusos, pero no a documentos provisionales, es decir,
que una ordenanza municipal que no esté aprobada no es motivo para que
un Ayuntamiento deniegue el acceso al texto provisional de esa nueva
norma una vez esté redactado.
El Defensor del Pueblo advierte
también a las administraciones de que cuando se les solicite información
ambiental, ésta debe ser remitida tanto a esta institución como al
ciudadano que la está pidiendo.
Apartado Medioambiental
En las casi 20 páginas del apartado medioambiental
de su Informe Anual 2012, el Defensor del Pueblo pide también a las
administraciones que "no interpreten restrictivamente sus competencias
en materia medioambiental", ya que, al parecer, suele ser común la
alegación de no tener competencias para no actuar ante un determinado
asunto.
Por su parte, en una sección dedicada a analizar los
impactos de las licencias municipales, el texto destaca que "la
construcción de infraestructuras con escasa utilidad para el interés
general es una buena muestra de la falta de estrategia en la
planificación".
Esa manera de actuar acarrea, según el Defensor del Pueblo,
"perjuicios irreversibles o de difícil reparación en los espacios
naturales y no pequeñas pérdidas económicas".
El Defensor se
refiere a instalaciones como aeropuertos, palacios de congresos, museos,
estaciones, líneas ferroviarias a incluso algunas carreteras.
En
ese sentido, la institución ha iniciado una investigación de oficio
sobre el Aeropuerto de Castellón, "ya inaugurado y sin actividad",
recuerda.
El Defensor del Pueblo quiere conocer la fecha
aproximada en que podría estar operativo, la diferencia entre el coste
presupuestado y el real de ejecución, el origen de los fondos (públicos y
privados) y las desviaciones entre las previsiones del plan director y
la realidad.
La actuación busca comprobar la efectividad de la planificación aeroportuaria. EFEverde
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